En la última gala de los Premios Laus, que son el escaparate más visible del diseño gráfico catalán y español, un grupo de profesionales aprovechó el momento para hacer visible una herida que el sector lleva arrastrando desde hace más de una década. La plataforma Som Grau llevó su reivindicación al corazón mismo de la fiesta que cada año premia la excelencia del oficio: una excelencia que, paradójicamente, muchos de sus protagonistas no pueden demostrar ante la administración. Y según han anunciado a través de su perfil (@somgrau.plataforma), no será la última acción: vendrán más.
Una profesión que nació fuera de la universidad
Para entender el problema hay que remontarse a cómo se formaban los diseñadores en España hasta hace poco más de quince años. El diseño gráfico, de producto o de interiores no se estudiaba en la universidad, sino en escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos, y más tarde en centros de enseñanzas artísticas superiores: Elisava, EINA, Llotja, Massana, y decenas de escuelas similares repartidas por todo el país. Eran estudios reglados, con sus propios planes oficiales, sus convalidaciones, sus titulaciones reconocidas por el Ministerio de Educación.
No eran un «máster» informal ni un cursillo: eran la vía normal, la única vía, para formarse como diseñador profesional en España durante décadas. Es cierto que existía Bellas Artes y que tenía una sección de diseño, pero ni por número de horas ni por orientación, esa opción era adecuada para quien quería ejercer como diseñador gráfico en el mercado laboral de ese momento. Por supuesto, hay excepciones y algunos que pasaron por la facultad son magníficos profesionales.
El caso es que, con este escenario, varias generaciones de profesionales, los que hoy tienen entre 45 y 65 años, se formaron así. Montaron estudios, ganaron premios, dieron clases, dirigieron departamentos creativos, comisariaron exposiciones, publicaron libros. El mercado, la crítica y la propia profesión les reconocieron sin fisuras durante veinte, treinta años.
El cambio de marco: Bolonia y el nuevo grado universitario
A partir de la Declaración de Bolonia de 1999 y su desarrollo en España durante la primera década de los 2000, el sistema universitario europeo se reestructuró en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sustituyendo licenciaturas y diplomaturas por grados y másteres. El diseño no quedó al margen: en 2009 se aprobó el real decreto que ordenaba las enseñanzas artísticas superiores, incluido el diseño, dentro de ese nuevo marco, dando paso a los actuales Grados en Diseño, ya plenamente universitarios o equiparados a ellos.
El cambio, en sí mismo, tenía sentido: equiparar el diseño a otras disciplinas, facilitar la movilidad europea, dotar de un marco de créditos ECTS reconocible. El problema es lo que pasó, o no pasó, con quienes ya tenían un título obtenido bajo el sistema anterior. La reforma miró hacia delante, pero no resolvió qué hacer con quienes venían de detrás. No se estableció un mecanismo claro, automático y accesible de equivalencia entre los antiguos títulos de diseño (no universitarios, pero sí oficiales) y los nuevos grados universitarios. El resultado es un vacío que, quince años después, sigue sin llenarse.
Mi caso, como ejemplo de algo mucho más colectivo
Yo soy uno de esos casos, y lo cuento no porque sea excepcional, sino precisamente porque no lo es: es el caso de toda una generación. Tengo algunos Premios Laus por trabajos hecho en colaboración con otros diseñadores, un premio ADI Cultura y el Premi Ciutat de Barcelona. He comisariado exposiciones en instituciones como el Museu del Disseny de Barcelona, he publicado varios libros sobre diseño y cultura material, y llevo más de dos décadas ejerciendo como crítico, comisario y docente.
Y, sin embargo, no puedo dar clases a alumnos de grado. Mi título, obtenido en un centro oficial, bajo el sistema vigente en su momento, no tiene hoy una equivalencia académica reconocida con el actual Grado en Diseño. De hecho, cursé cinco años porque era un plan de estudios anterior al actual y, además, cursé unas clases extra por las mañanas para obtener un supuesto título europeo de una entidad llamada BEDA que nunca se me entregó. Es decir, tengo créditos de sobra. Y, además, cerca de treinta años de ejercicio profesional. Para la administración, formalmente, mi formación «no existe» en términos comparables. Puedo seguir dando clases en másteres o posgrados, donde los requisitos son distintos, pero el acceso a la docencia de grado, cada vez más relevante en la estructura de las escuelas, me está vetado por un papel, no por mi trayectoria.
Contado en una conversación informal, cualquiera lo encuentra absurdo. Contado ante una administración, es simplemente un requisito que no se cumple, y punto. Ahí está la trampa: el sistema no discute si uno está o no capacitado, solo si el papel encaja en una casilla que, para esta generación, no se llegó a crear.
No es un problema individual ni simbólico
Lo que reclama Som Grau no es una cuestión de prestigio personal, ni una pataleta por un título más o menos bonito. Las consecuencias son muy concretas y afectan a cientos de profesionales: imposibilidad de acceder a determinadas plazas de profesorado en centros públicos, dificultades para presentarse a oposiciones, exclusión de licitaciones públicas que exigen titulación de grado como requisito administrativo, o la imposibilidad de hacer valer académicamente una trayectoria que el mercado sí ha validado durante décadas.
Hay compañeros y compañeras en situaciones parecidas o peores: gente que dirige estudios reconocidos internacionalmente pero que no puede presentarse a una plaza de profesor asociado o a un concurso público para realizar trabajos gráficos en administraciones públicas; gente que ha formado a generaciones de diseñadores más jóvenes, algunos de los cuales hoy sí tienen el grado, pero que ellos mismos quedan fuera del sistema que ayudaron a construir.
Qué pide Som Grau
La plataforma no pide un regalo ni un atajo. Pide lo que en otros ámbitos profesionales ya existe: un mecanismo de reconocimiento de la experiencia y la trayectoria, algo parecido a lo que en otros países se conoce como acreditación de aprendizajes previos, que permita establecer una equivalencia razonable entre los títulos del sistema anterior y el grado actual, sin obligar a una generación entera de profesionales en activo a volver a sentarse en un aula para «convalidar» lo que llevan media vida ejerciendo.
La acción en los Laus, el lugar donde el sector se mira a sí mismo y celebra lo mejor de su producción, fue un primer gesto, deliberadamente situado en el epicentro simbólico de la profesión. El mensaje es sencillo: el reconocimiento que el propio sector otorga cada año a través de premios como estos no tiene, paradójicamente, ningún valor administrativo. Y esa contradicción es, exactamente, lo que Som Grau quiere que deje de pasar desapercibida. La pregunta es: ¿qué va hacer la Administración para solucionarlo?. Porque seguir como hasta ahora no solo es un perjuicio para los afectados, sino una pérdida de experiencia y talento de profesionales que no pueden ni transmitir a las siguientes generaciones lo que saben ni realizar trabajos para las administraciones. No vamos tan sobrados de talento como para ignorarlo.
