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Fallo judicial permite a Frisby España abrir locales, pero no resuelve el pleito

En unas semanas, Frisby España inaugurará sus primeros locales en Madrid y Barcelona siguiendo el plan de negocio previsto. Un fallo de la Audiencia Provincial de Alicante ha revocado las medidas cautelares acordadas a finales del año pasado por un juzgado de lo mercantil que impedían la apertura hasta que se resuelva el litigio que mantiene con Frisby Colombia por los derechos de propiedad intelectual de la marca en la Unión Europea. El veredicto supone un triunfo judicial para la empresa que representa Charles Dupont, pero no es definitivo. La última palabra en la disputa con la empresa latinoamericana la tendrá la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). 

No existe notoriedad suficiente 

El balón de oxígeno que proporcionó la justicia española a la compañía colombiana no ha durado mucho. Ahora, un tribunal superior ha resuelto que, aunque Frisby Colombia es «notoriamente conocida» por la comunidad colombiana en España y se trata de un grupo poblacional de más de 850.000 personas, solo representa «un sector minúsculo» de la sociedad y, por tanto, «no es lo suficiente representativo como para atribuir notoriedad al signo en España», recoge El País

Esta decisión significa que la autoridad judicial de Alicante rechaza la estrategia de la marca colombiana de demostrar que existe notoriedad de su marca en Europa para combatir el argumento de Frisby España de que una marca que no existe no se puede infringir. Como ejemplo, en El País se cita la campaña realizada en noviembre pasado al exhibir el Pollo Frisby en un recorrido por la Gran Vía madrileña hasta la Puerta de Alcalá durante una feria turística que fue compartida ampliamente en las redes sociales. Sin embargo, todo indica que no ha obtenido «el efecto esperado». 

Falta de actividad comercial real 

Por otro lado, el fallo también desvirtúa la pretendida notoriedad de la marca colombiana en Europa para contrarrestar la «falta de actividad comercial física en el territorio europeo» que alega Frisby España, apunta El Tiempo. Y es que desde que Frisby Colombia registró en 2005 su marca en la UE no ha abierto ningún establecimiento en la zona. Según El País, se trata de un «fuerte revés» para la marca latinoamericana porque el siguiente nivel de apelación sería el Tribunal Supremo y podría «alargarse meses, e incluso, años». 

El conflicto principal sigue en marcha 

No obstante, la reacción de los propietarios de Frisby Colombia ha sido inmediata y pone el foco en que la cuestión principal sigue en marcha y aún no se ha resuelto. En un comunicado recogido por Infobae, aseguran «nuestras marcas se mantienen vigentes en España y en la UE» restando importancia a esta decisión judicial al indicar que solo afecta «a uno de los procedimientos administrativos y judiciales» en curso. 

El inicio de este conflicto se remonta a 2024 cuando la empresa solicitó la nulidad del registro de la marca Frisby en Europa por falta de uso efectivo en los cinco años siguientes a su registro. Una solicitud que la EUIPO aceptó y ha dado lugar al enfrentamiento en el que la firma colombiana acusa de «mala fe» a sus oponentes. Ahora, la resolución definitiva queda en sus manos y se prevé que pueda sentar un precedente relevante para las marcas que aspiren a tener presencia global. 

Frisby España continúa su plan de negocio 

Dupont siempre ha defendido que trató de resolver la cuestión «de forma amistosa» y ante el fracaso, la compañía que representa «cerró las puertas a las negociaciones», señala Estrella Digital. Ahora, se siente libre de poner en marcha el plan de expansión diseñado por Frisby España. Además de las aperturas en Madrid y Barcelona, también prevé un próximo desembarco en Sevilla y Málaga. El modelo de negocio contempla la utilización de «cocinas ocultas», apunta El País, y dar empleo a unos cien empleados para atender a alrededor de 1.100 comensales diarios. 

También ha anunciado que tienen intención de reclamar una compensación por daños a Frisby Colombia superior a los 700.000 euros. Estiman en medio millón las pérdidas por los meses que no han podido operar y en 200.000 el importe equivalente a los beneficios que no han obtenido, indica Infobae. 

Fuentes: El País, El Tiempo, Infobae, Estrella Digital. 

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