Subir una foto, un vídeo o un meme a las plataformas de internet en México tiene más letra pequeña de la que parece. Con pocos días de diferencia, la agenda política se ha visto acaparada por dos nuevas normas que afectan de lleno a lo que se puede publicar en la red. Una, ya rubricada por la presidenta Claudia Sheinbaum, regula la retirada de contenidos por infracción de derechos de autor. La otra, bautizada por la oposición como «ley antimemes», en realidad busca castigar el fraude y la piratería industrial y está en pleno debate parlamentario.
Adenda de ocho artículos a la LFDA
El Gobierno federal sigue avanzando en la regulación del entorno digital para evitar las infracciones de propiedad intelectual. El pasado 24 de septiembre publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto a través del que se añaden ocho artículos al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en los que se establecen las reglas que deben aplicar las plataformas cuando reciban una reclamación por el uso no autorizado de fotografías, vídeos, audios, textos u otros materiales protegidos.
Nuevo mecanismo de retirada de contenido
Con el fin de agilizar las reclamaciones, el decreto obliga a los proveedores de servicios online a habilitar mecanismos sencillos y accesibles para que los titulares de derechos puedan presentar las denuncias. Según recoge Milenio, los solicitantes de retirada deben identificar el contenido, aportar su ubicación electrónica, describir la presunta infracción, facilitar sus datos de contacto y declarar «bajo protesta de decir verdad» que la información es verídica. Por su parte, los operadores tecnológicos «no pueden exigir» certificados de registro o títulos acreditativos para tramitar las quejas.
Contraaviso para los usuarios afectados
El decreto abre también una vía de respuesta a través de la figura del contraaviso. El usuario que vea desaparecer una publicación puede demostrar que tiene los derechos, los permisos o que la ley ampara ese uso. Si se ajusta a los requisitos, la plataforma tiene entre diez y quince días hábiles para restaurar el contenido, excepto si el denunciante ha iniciado un proceso judicial, administrativo o penal, u otra vía alternativa de resolución de conflictos.
En todo caso, la norma no convierte a las plataformas en árbitros de la disputa. Como señala La Jornada, no tienen por qué comprobar la «autenticidad» de los documentos que aporta ninguna de las partes. Del mismo modo, si restauran un contenido, no significa que validen las pruebas presentadas. Aunque el decreto está aprobado, su entrada en vigor se producirá en los primeros días de febrero de 2027, tras pasar 90 días hábiles desde su publicación oficial; mientras tanto se aplicarán las reglas previas.
Reforma para frenar fraudes institucionales
La otra norma, aunque se trata de un paquete de cambios a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, se ha popularizado como «ley antimemes». El Senado ya la ha dado el visto bueno con 72 votos favorables y 34 en contra y ahora está en revisión en la Cámara de Diputados, donde el «oficialismo», como señala El País, cuenta con «mayoría» para sacarla adelante sin tocar una coma.
Es una reforma impulsada por Sheinbaum para adecuar el «marco penal de propiedad intelectual» a las condiciones que exige el T-MEC, indica Infobae. El artículo 403 bis es el que protagoniza la polémica al prever penas de entre uno y cinco años de cárcel, además de multas, cuando se imite o reproduzca «a escala comercial» la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales para engañar y cometer un delito.
La oposición ve la posibilidad de censura
Para los partidos opositores, el problema está en lo que el texto no precisa. Consideran que la redacción es «ambigua» y podría afectar a contenidos satíricos, críticos o periodísticos, tanto que la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, ha advertido que esta reforma podría proporcionar «herramientas para actuar contra» quienes critiquen al Gobierno, recoge El País.
Sin embargo, los senadores favorables al Gobierno han rechazado que se trate de una norma contra los memes. La propia Sheinbaum ha asegurado que son disposiciones en defensa de los «derechos de autor» y «contra el fraude» cometido usando símbolos gubernamentales, explica Forbes México. En esta misma línea, Xataka, tras revisar el texto, concluye que el apodo de la ley no tiene sentido, si bien admite que los temores a una aplicación arbitraria «son legítimos». De momento, habrá que esperar a la revisión de los diputados para conocer el texto legal definitivo.
Fuentes: Milenio, La Jornada, El País, Infobae, Forbes México, Xataka.
