El diputado Rodrigo de Loredo ha presentado un proyecto en el que se propone suprimir el dominio público pagante (DPP) por tratarse de un impuesto «injustificado en favor de las sociedades de gestión colectiva». Este tributo se aplica cuando personas o empresas utilizan con fines comerciales las obras que pasan a dominio público una vez que vence el plazo de los derechos de autor en Argentina y sirve de fuente de financiación del Fondo Nacional de las Artes (FNA).
Arancel para financiar el Fondo Nacional de las Artes
La ley de propiedad intelectual en Argentina establece que el plazo de duración del derecho patrimonial se extiende durante la vida del autor y setenta años más a partir de su muerte. A partir de este momento, las obras entran en s. Sin embargo, el marco normativo actual prevé el pago de un arancel con destino al Fondo Nacional de las Artes (FNA) para poder hacer uso de ellas que se conoce como dominio público pagante (DPP). El diputado Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados de Argentina, con el apoyo de tres legisladores afines, ha presentado un proyecto para eliminar este canon.
La supresión del DPP se retiró de la ley ómnibus del nuevo gobierno
Según se indica en la propuesta, su supresión estaba prevista en el artículo 589 de la Sección IV, referido al FNA, de la primera versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la famosa ley ómnibus del actual gobierno argentino. Sin embargo, «las críticas del sector cultural y de la oposición hicieron que esta sección, entre otras, desapareciera de la ambiciosa propuesta del Ejecutivo», publica La Nación.
El canon se recauda a través de las sociedades de gestión colectiva
Una parte importante del presupuesto del FNA procede de lo que este organismo recauda, de forma directa e indirecta, a través de mandatarias o sociedades de gestión colectiva que cobran el impuesto a emisoras de radio, canales de televisión, editoriales, compañías discográficas y plataformas de streaming.
Pocos países del mundo mantienen este impuesto
De Loredo recuerda en el escrito que «sólo unos pocos países del mundo» cuentan con este arancel y cita como ejemplos Uruguay, Argelia, Kenia, Ruanda, Senegal y Paraguay. Y esto supone que «la utilización de obras del dominio público no es libre, sino que están sujetas a un gravamen perpetuo, produciéndose un efecto encarecedor en el uso por parte de creadores de contenido, diseñadores, ilustradores, cuentistas, emprendedores y en general ciudadanos, y añadiendo mayores barreras a la creación de obras derivadas».
Del mismo modo, se refiere a las críticas que este tipo de impuesto ha generado en el plano internacional. Como ejemplo, indica que tratadistas brasileños han alzado la voz en contra del dominio público remunerado «alegando que se trata de un impuesto injustificado en favor de las sociedades de gestión colectiva». Chile, Italia y otros países también derogaron este sistema reemplazándolo por uno de dominio público gratuito. México, por su parte, hizo lo propio en 1993.
Apoya la petición en estudios que no parten de obras gravadas con DPP
«La supresión del dominio público pagante ha sido casi unánime a lo largo del mundo y no vemos razón por la que no ir en esa dirección», se dice en el proyecto. Es más, determinados estudios han demostrado que la gratuidad del sistema de dominio público genera dos efectos: mayor disponibilidad y menor precio.
La propuesta cita informes de casos en los que la supresión del DPP supuso una mayor disponibilidad de obras y una reducción de los precios de entre el 5% y el 15% sobre las obras protegidas con derechos de autor. No obstante, esta comparación no está realizada con respecto a obras gravadas con DPP.
«Creemos que, con el fin de asegurar que Argentina se destaque en la economía global del conocimiento, es imperativo no sólo optimizar sus normativas e instituciones jurídicas, sino también suprimir aquellas que carecen de eficacia e impiden su progreso», concluye el proyecto.
En todo caso, la propuesta no indica el modo en que se financiaría el FNA si se elimina el DPP. Ahora, se tiene que debatir en la Comisión de Cultura de la cámara baja y, según La Nación, «se descartan los apoyos del Gobierno y de los legisladores de La Libertad Avanza».
Fuentes: Proyecto presentado, La Nación
