En noviembre de 2024 el Ministerio de Cultura abrió el plazo de audiencia e información pública sobre un proyecto de RD que buscaba regular la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación de obras de cara al desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Aunque la intención del ministerio fuera proteger y remunerar, de alguna manera, a las autoras y autores cuyas obras pudieran ser utilizadas para el desarrollo de software de IA generativa, el uso de términos como «explotación masiva» o «uso masivo» así como la ausencia de referencias a indemnizaciones por usos pasados que, de hecho, parecían legalizar el expolio hasta ahora realizado por las grandes tecnológicas para entrenar los modelos de IA generativa, levantó en armas a numerosas asociaciones y colectivos del sector cultural, no solo autoral, que considerábamos que el proyecto de RD legalizaba de facto esos usos previos.
Quizá a consecuencia del revuelo y de las numerosas alegaciones presentadas, entre las que estaban las de las asociaciones firmantes del «Manifiesto de la Cultura ante la IA» (pueden consultarse aquí), o quizá debido a causas más ajenas a nuestro entendimiento, a finales de enero de 2025 el ministerio de Cultura anunció que renunciaba a tramitar el proyecto de RD y que iniciaría una ronda de contactos con el sector cultural afectado. A pesar de que se recibió la noticia con cierto alivio y sensación de victoria, lo cierto es que el expolio cultural no ha cesado, con la aparición de nuevos asistentes de IA generativa y el acoso de aplicaciones, plataformas, programas informáticos, redes sociales, etc., que no solo te ofrecen su modelo de IA generativa casi sin opción a rechazarlo, sino que pretenden usar las publicaciones de los usuarios para seguir entrenando sus modelos de IA generativa, ofreciendo al usuario la posibilidad de negarse vía OPT-OUT, una opción a todas luces insuficiente como bien explica el colectivo EGAIR.
Afortunadamente, también ha continuado la denuncia de colectivos, entidades de gestión de diferentes países, asociaciones y periodistas sobre el uso de obras sin permiso de sus autoras y autores o, lo que es más grave aún, el uso consciente de bases de datos ilegales, como es el caso de Meta, que, como denunció el periodista Alex Reisner en este artículo en The Atlantic, utilizó una base de datos pirata para entrenar sus modelos lingüísticos de IA generativa. Por cierto, que en el citado artículo se pueden consultar qué obras han acabado ilegalmente en esa «biblioteca» pirata, y podemos encontrar prácticamente todo el catálogo de editoriales tan renombradas en nuestro país como Alba, Alfaguara, Impedimenta o Nórdica.
Coincidiendo casi con la retirada del proyecto de RD se publicó el segundo borrador del Código de Buenas Prácticas de IA de la Unión Europea, que levantó prácticamente las mismas ampollas en el sector cultural europeo que las que había levantado en España el proyecto del RD, puesto que se hacía caso omiso de las demandas básicas del sector, como puedan ser la transparencia, la autorización expresa (el denominado OPT-IN), una remuneración transparente y justa por el uso de las obras y, además, una indemnización por las obras ya utilizadas. De hecho, desde que empezaron las sesiones y las reuniones de los grupos de trabajo para redactar este código de supuestas buenas prácticas, se han sucedido las cartas de organizaciones europeas como el CEATL o EWC dirigidas a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, para solicitar una protección efectiva del sector autoral y creativo europeo. Sin embargo, viendo los términos en los que se ha redactado el tercer borrador, queda claro que las peticiones del sector cultural han sido sistemáticamente ignoradas por el equipo encargado de su redacción.
En la práctica, muchas organizaciones y asociaciones culturales hemos dejado de asistir a las reuniones y, llegados a este punto, se considera que sería mejor no tener ningún código a tener este. En este enlace se puede leer la respuesta de numerosas asociaciones culturales de toda índole a la publicación del tercer borrador. Sin embargo, quizá sí tengamos un motivo de optimismo. Y es que a las puertas del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la UE (Bruselas, 12 y 13 de mayo), los ministros de Cultura de España y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea (disponible aquí en inglés) en el que urge a esta a revisar el Código de Buenas Prácticas y a tener en cuenta las demandas del sector cultural y creativo. Además, se expresa cierta preocupación porque «el documento no se alinea con la legislación europea de propiedad intelectual ni con los principios de la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye en su Artículo 17 el derecho a la propiedad intelectual».
Por el momento se ha retrasado la publicación del código, aunque en el sector autoral sospechamos que este retraso no viene provocado por nuestros temores y preocupaciones, sino por las presiones del sector tecnológico. A estas presiones se refirió Manuel Rivas en las palabras pronunciadas cuando recogió el Premio CEDRO 2025, más exactamente cuándo indicó que «quienes se niegan a la regulación y entorpecen el control legal y de los estados democráticos lo que hacen, de facto, es imponer su propia regulación en forma de desorden: el tecnofeudalismo.»
En nuestro país el temor del sector creativo parece estar más que justificado, puesto que no debemos olvidar que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio para la Transformación Digital, lanzó en enero ALIA, una «infraestructura pública de recursos de IA», y que genera serias dudas sobre qué corpus ha manejado el Centro de Supercomputación de Barcelona para su entrenamiento. Con todos estos mimbres no es de extrañar que más de diez mil autoras y autores hayan firmado la carta «Creators for Europe United», impulsada por colectivos alemanes y a la que se han adherido muchas otras a nivel europeo o, en el caso de España, la Asociación Colegial de Escritores (v. aquí).
Este gran número de firmantes y de asociaciones y colectivos adheridos no hace más que llevarnos hasta las palabras finales del discurso de Manuel Rivas y que bien pueden ser el final aquí: «o comunidad o caos».
