El parlamento italiano ha aprobado la primera ley nacional específica sobre inteligencia artificial en la Unión Europea (UE), adelantándose al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) prevista para 2030. La nueva norma, que se sostiene en los principios de transparencia, supervisión humana y seguridad, incluye disposiciones específicas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
El texto legal pone el énfasis en fomentar la innovación, la ciberseguridad y la protección de la privacidad. Para ello, regula el uso, desarrollo y gobernanza de la IA en sectores estratégicos como la sanidad, la educación, el sistema judicial, la administración pública o las relaciones laborales, así como en materia de propiedad intelectual. Según Alessio Butti, subsecretario de Transformación Digital, «esta ley devuelve la innovación al ámbito del interés público, orientando la IA hacia el crecimiento, los derechos y la plena protección de los ciudadanos», informa Reuters.
Las obras de IA no tendrán protección
En relación con la propiedad intelectual, la norma no se anda con ambages. Deja patente que las obras generadas de forma autónoma por la IA no gozarán de protección por derechos de autor. En el régimen de copyright italiano, solo tendrán cabida las obras asistidas por IA en las que exista un esfuerzo humano genuino e indudable. Del mismo modo, la extracción de textos y datos para entrenar la IA se permite únicamente en material que no esté protegido por derechos de autor o para investigaciones científicas respaldadas por entidades acreditadas.
En cualquier otro caso, liga el uso de la IA a la necesidad de obtener «acceso legítimo». Y esto implica «adquirir una licencia respetando las condiciones de uso que establezca, o bien, disponer de un permiso específico del titular de los derechos», apunta Cuatrecasas. Además, la ley prohíbe de forma explícita el uso de obras obtenidas de forma ilícita con fines de entrenamiento.
Supervisión y control
La ley italiana también prevé castigos ejemplares para quienes la infrinjan. Entre ellos, «hasta cinco años de prisión con los que se pena la difusión ilegal de contenido generado o manipulado por IA que cause daño, como los deepfakes», destaca Genbeta. La suplantación de identidad, los fraudes o el blanqueo de dinero usando esta tecnología se considerará una agravante, «que incrementará las condenas en un tercio», reporta Cryptopolitan.
Para fomentar la innovación en empresas de IA, ciberseguridad y telecomunicaciones, la norma da el visto bueno a un gasto de hasta 1.000 millones de euros en ayudas. Asimismo, encarga a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN) y a la Agencia para la Italia Digital (AgID) supervisar, inspeccionar y velar por el uso seguro y ético de la IA.
Cuando se inició el proceso de definición de la ley en marzo de 2024, Meloni tenía claro que «debía haber un modo italiano» de hacerlo y que era necesario desarrollar un «marco de reglas éticas que se centraran en las personas, sus derechos y necesidades», indica The Guardian. Y así lo ha hecho al dar este paso pionero. Ahora, queda por ver cómo la implementarán las empresas para «convertir la obligación en valor añadido», advierte TecnoLawyer.
Fuentes: Reuters, Cuatrecasas, Genbeta, Cryptopolitan, The Guardian, TecnoLawyer.
